Este artículo aborda las normas de buen gobierno y de conducta de las instituciones arbitrales. En particular, defiende que (i) la estructura de gobierno de las instituciones arbitrales debe garantizar su independencia; (ii) debe existir un sistema de pesos y contrapesos que garantice el buen gobierno; y (iii) la transparencia debe ser el principio rector de todas sus actuaciones. Con este telón de fondo el Club Español del Arbitraje aprobó en 2018 su Código de Buenas Prácticas, un instrumento de cumplimiento voluntario, pero que marca estándares detallados para el buen gobierno de las instituciones arbitrales. El principio de “cumplir o explicar” (importado de la regulación del mercado de valores), exigiendo a las instituciones arbitrales que cumplan con estos estándares o expliquen las razones para no hacerlo, permitiría a los usuarios del arbitraje discriminar entre instituciones arbitrales, e impulsaría el cumplimiento voluntario del Código. La comunidad arbitral debe actuar rápidamente, para evitar la actuación de los legisladores nacionales.